Las convocatorias que hace la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME) para seleccionar proyectos de transmisión requerirían por lo menos 3 ajustes importantes, determinó este miércoles la Contraloría General de la República, tras un análisis sobre la actual política pública para la expansión del sistema eléctrico nacional.

Los ajustes tienen que ver con la revisión de la norma que obliga a ISA a presentar ofertas en todos los proyectos, la revisión del traslado de riesgos previsibles a inversionistas  y evitar proponer proyectos sin que las entidades estatales, que tienen la respectiva competencia, hayan realizado los estudios y análisis previos que garanticen que los inversionistas pueden lograr la viabilidad técnica, ambiental y económica requerida.

Actualmente ISA está obligada a presentar oferta aún en aquellos proyectos que no son técnica, financiera o ambientalmente viables y se le impone una carga excesiva frente a sus competidores, que tienen la opción de decidir a cuáles convocatorias se presentan.

Considera la Contraloría que "la regulación que le impone esta obligación va en contravía de la meta de tener un mercado en libre competencia, por lo que es necesario que la CREG revise esta exigencia, ideada en un momento en el cual ISA era una empresa estatal, encargada de la expansión del sistema".

Hoy ISA es una empresa democratizada, en la cual el Estado sólo conserva el 51,41% de su propiedad, mientras el resto de sus acciones están en cabeza de 29.272 accionistas, entre los cuales se encuentran Fondos de Pensiones que tienen invertidos allí los recursos de pensiones de miles de colombianos.

En cuanto a la revisión del traslado de riesgos imprevisibles a inversionistas, las convocatorias de la UPME requieren que se realice la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles en esta clase de proyectos.

"En algunos casos los inversionistas han tenido que asumir el pago de compensaciones por aplazar la fecha de entrada en operación, ante la imposibilidad de cumplir con la Fecha Oficial de Entrada en Operación fijada unilateralmente por la UPME", anotó el ente de control.

Esto se refleja en que algunos inversionistas han presentado demandas contra la Nación y la UPME, pretendiendo cuantiosas indemnizaciones por circunstancias que se presentaron durante la ejecución de los proyectos y que, según los agentes del mercado, eran imprevisibles (no podían ser identificadas antes de la adjudicación).

"Estas situaciones implican un riesgo patrimonial para el Estado, tanto en cabeza de las entidades encargadas del sector (Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación Energía y Gas ( -CREG)  y la Unidad de Planeación Minero Energética –UPM), como en cabeza de las Empresas de Servicios Públicos públicas y mixtas", señaló la Contraloría.

Y en lo que se refiere a los proyectos con viabilidad técnica, económica y ambiental, para la Procuraduría la Nación tiene la obligación de garantizar que los proyectos que propone para la expansión del sistema eléctrico sean técnica, económica y ambientalmente viables.

Según la Contraloría, el hecho de que las convocatorias no tengan viabilidad en estos aspectos, acarrea consecuencias financieras para el Estado en dos escenarios: el primero de estos,  cuando los inversionistas son públicos o mixtos, el enfrentarse a proyectos que no cuentan con viabilidad por parte del Estado puede generar (y en la realidad se ha visto que generan), mayores costos que los presupuestados, cuando se presentan situaciones imprevisibles que no se consideran fuerza mayor. Y en otro caso,  una vez concretados los sobrecostos, los inversionistas pueden presentar demandas contra la Nación (en la actualidad ya hay varias), pretendiendo que indemnice los perjuicios sufridos como consecuencia de los sobrecostos que tuvieron que asumir porque los proyectos no eran ambiental, técnica y económicamente viables al momento de ser propuestos vía convocatoria.

Proyectos retrasados

Al analizar el estado de las convocatorias de la UPME desde 2005, la Contraloría encontró que entre el año 2010 y diciembre de 2017 se han propuesto 25 proyectos de transmisión con una longitud de 1.469 kilómetros que debieron entrar en operación entre esas fechas.

Sin embargo, de esos 25 proyectos propuestos, 16 (con una longitud de 1.465 kilómetros) han tenido retrasos.  Es decir, los proyectos que han entrado a tiempo han sido aquellos dentro de subestaciones existentes o con una longitud muy pequeña. 

Una conclusión de la Contraloría al respecto es que “Pese a los esfuerzos de las autoridades que componen el sector eléctrico, en los proyectos de Transmisión en los últimos años se han presentado notables dificultades para los inversionistas adjudicatarios de las Convocatorias UPME, los cuales han acarreado mayores inversiones y retrasos en la fecha de entrada en operación, que han impactado el Sistema de Transmisión Nacional con restricciones”.